En Colombia, el acceso al trabajo digno para las personas trans no solo es limitado, sino que representa uno de los eslabones más crueles de una exclusión estructural que inicia desde la infancia. Hablar de empleo en clave trans no es ideología; es hablar de derechos humanos, de justicia social y de una deuda histórica que sigue sin saldarse. Mientras las cifras gritan lo que las instituciones se niegan a ver, no hay Estado garante ni democracia real.
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De acuerdo con el Centro Nacional de Consultoría y la Cámara de Comerciantes LGBT, apenas 4 de cada 100 personas trans en Colombia tienen un contrato laboral formal. Las demás sobreviven en la informalidad, en trabajos altamente precarizados o en actividades que, aunque dignas, muchas veces son asumidas por obligación y no por vocación. Como lo han dicho las propias lideresas trans: “no nos avergonzamos del trabajo sexual ni de la peluquería, pero queremos que sean una elección, no una condena”.
Esa condena empieza desde la escuela, donde muchas mujeres trans son expulsadas simbólica o literalmente. Como documenta Paula Gempeler en su tesis “La Yk’demia”, la ruptura con la educación formal es común: bullying, exclusión, violencia y discriminación hacen que muchas abandonen el colegio desde muy temprana edad. Esa exclusión temprana deriva luego en el cierre de las posibilidades laborales y la reproducción de la pobreza. Como lo relata Mikaela, una de las participantes de la investigación, salir de la cárcel siendo trans fue más fácil que conseguir trabajo: “nadie te contrata si ven que eres trans, y si lo haces, es porque ocultaste tu identidad”.
Lo que ocurre en Colombia no es una excepción en la región ni en el mundo, pero sí es una de las expresiones más radicales de exclusión. En un estudio citado por el Williams Institute (2020), realizado en Estados Unidos, se reveló que la mitad de las personas trans reportaban ingresos por debajo del salario mínimo. Además, eran quienes más se ubicaban en el 25% inferior de la distribución de ingresos frente a otros grupos LGBT, lo que demuestra una precarización sistemática basada en la identidad de género. A su vez, estudios como Qualified and Transgender en EE.UU. y el informe de la FALGBT en Argentina muestran patrones similares: exclusión sistemática de personas trans en procesos de selección, preferencia por personas cis incluso con menor formación, y exigencias desproporcionadas para acceder a empleos formales. Sin embargo, en Colombia la situación es más cruda y menos documentada. La ausencia de cifras oficiales consolidadas permite que la exclusión persista en el silencio institucional. En este vacío, los relatos cobran un valor fundamental: muestran lo que los datos no alcanzan a nombrar, revelan los impactos humanos detrás de las estadísticas que no existen.
La criminalización también es parte de ese ciclo. Muchas mujeres trans han sido privadas de la libertad simplemente por existir fuera de la norma cishetero, por habitar el espacio público con sus cuerpos y su identidad. Y cuando regresan a la calle, encuentran el mismo sistema que las excluyó, dispuesto a negarlas nuevamente.
Frente a esta realidad, la reciente aprobación en primer debate de la Ley Integral Trans en la Cámara de Representantes es un acto de justicia y una esperanza. No se trata solo de reconocer la identidad de género, sino de abrir rutas reales de acceso al empleo, la educación, la salud y la vivienda. Sin identidad no hay ciudadanía. Sin ciudadanía no hay garantía de derechos.
Tampoco se trata, como gritan desde la derecha y desde algunos sectores progresistas confundidos y asustados con el auge cultural reaccionario, de que estemos promoviendo legislaciones que segmentan a la ciudadanía y que apuntan a las “minorías” mientras olvidamos a las “mayorías”. Todo lo contrario: legislar para desmontar discriminaciones estructurales contribuye a la igualdad y la libertad de todas y todos. No habrá justicia social mientras existan miles de personas que no puedan gozar de los avances de derechos que logramos con la aprobación de Reforma Laboral debido a la persistencia de prejuicios estructurales y asesinos.
Pero incluso antes de eso, se necesita algo elemental: una vida digna. Una vida donde ser trans no implique ser expulsada del sistema ni asesinada. Las personas trans existen, resisten y merecen vivir en plenitud. Sus sueños, saberes y sentires son parte fundamental de lo que nos inspira para construir un mejor país. La diversidad de nuestro pueblo, que es la diversidad de la condición humana, no es una debilidad, sino una fortaleza y una de las razones esenciales de nuestro proyecto político.