En la mañana de este martes 17 de junio, el registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió a la consulta popular que el presidente Gustavo Petro convocó por medio de un decreto.

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“Luego de un estudio muy juicioso por parte del equipo jurídico de la Registraduría llegamos a unas conclusiones que queremos presentarles”, explicó el registrador. Para empezar, señaló que la Registraduría tiene un carácter autónome según el marco legal colombiano.

Penagos indicó que esta autonomía ha sido confirmada por varias sentencias de la Corte Constitucional. En esa medida, señaló que es una entidad

Más tarde, citó los tres requisitos que establece la Constitución en su artículo 104 sobre la convocatoria de una consulta popular de origen gubernamental: una solicitud con las firmas de todos los ministros, un concepto favorable del Senado y el decreto de convocatoria.

El registrador señaló que recibió una comunicación del presidente del Senador, Efraín Cepeda, quien le señaló que ese órgano legislativo ya había hundido la consulta popular en mayo pasado. No obstante, indicó que el pasado 13 de junio también recibió un escrito del ministro del Interior, Armando Benedetti, el decreto por medio del cual se declaró que la decisión del Senado era inconstitucional y se convocaba la consulta popular.

Ante esta disyuntiva, el registrador señaló que en el momento están cursando varios procesos jurídicos frente a la consulta popular que están haciendo tránsito en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional.

Así mismo, señaló que la Procuraduría pidió negar una medida cautelar que buscaba suspender los efectos de la votación en la que se hundió la consulta popular.

“Lo que procede ante una controversia jurídica de tal magnitud es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada”, concluyó el registrador. Por ello, pidieron conceptos a la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En esa medida, indicó que es clave que las altas cortes se pronuncien tan pronto como sea posible.

Los ‘peros’ de la Registraduría sobre la consulta popular

Aunque el registrador no lo dijo directamente, todo apunta a que los preparativos para realizar la consulta popular quedarán congelados. Entre otras cosas, porque Penagos señaló que el proceso logístico y presupuestal dependerá de la decisión de las cortes.

“Para convocar esta consulta, si es que las cortes en el futuro ordenan que se lleve a cabo, la Registraduría debe construir todo un presupuesto, que están en el orden de los 750.000 millones de pesos”, advirtió Penagos. De hecho, advirtió que comprometer esos recursos sin el visto bueno de la rama Judicial puede resultar en un detrimento patrimonial e incluso generar investigaciones disciplinarias.

Además, indicó que no es posible que la Registraduría realice el proceso de la consulta de aquí a agosto, como propone el decreto del Gobierno. De hecho, señaló que necesitaría al menos tres meses para hacerlo.