La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició un proceso formal contra la compañía Movistar, tras recibir diversas quejas de usuarios que señalan trabas en su intención de cambiar de operador manteniendo su número telefónico.
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Según la entidad de vigilancia, la investigación se basa en posibles infracciones al derecho de portabilidad numérica, que permite a cualquier usuario conservar su número móvil independientemente del operador. Las denuncias apuntan a prácticas que habrían afectado este derecho, incluyendo demoras injustificadas y ofrecimientos indebidos para evitar la migración del cliente.
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Dos presuntas infracciones bajo la lupa
La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones identificó dos comportamientos que motivaron la formulación de pliego de cargos:
- Retrasos en el envío del NIP (Número de Identificación Personal), código esencial para solicitar el cambio de operador.
- Promociones o incentivos con el fin de disuadir al usuario de continuar con el proceso de portación.
Como medida preventiva, la SIC ordenó a Movistar garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para el envío del NIP y abstenerse de emitir mensajes promocionales una vez iniciado el proceso por parte del usuario.
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En caso de confirmarse las irregularidades, la empresa podría enfrentar una sanción de hasta 11.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a aproximadamente $16.370 millones.
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Movistar responde
La compañía de telecomunicaciones reaccionó al anuncio de la investigación con un pronunciamiento oficial. “Movistar es respetuosa de las normas establecidas para el desarrollo del proceso de portabilidad numérica móvil. Fuimos notificados de la apertura de la investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ejerceremos nuestra defensa. Respecto a las medidas preventivas anunciadas por la SIC, la compañía no ha sido notificada”, indicó la empresa.
Movistar dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar pruebas, responder al pliego de cargos y hacer uso de su derecho a la defensa dentro del marco del proceso administrativo.
