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Condenan a exgerente de una sucursal bancaria por apropiarse de $724 millones de la sobretasa de la gasolina

El millonario desfalco se hizo cuando la funcionaria y un particular, tramitaron retiros de manera fraudulenta de las cuentas de la Alcaldía de Bajo Baudó.

Condenan a exgerente de sucursal bancaria por apropiarse de recursos de la sobretasa a la gasolina en Chocó.
Condenan a exgerente de sucursal bancaria por apropiarse de recursos de la sobretasa a la gasolina en Chocó. (Fiscalía General de la Nación.)

Los presuntos responsables de una maniobra ilegal para quedarse con recursos de la sobretasa a la gasolina en Chocó quedaron en evidencia gracias a las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación contra varios focos de corrupción detectados en el departamento.

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En ese sentido, se estableció que la exgerente de una sucursal bancaria en Quibdó (Chocó), Silvia del Carmen Hinestroza Palacios; y un particular, identificado como Eduard Andrés Moreno Córdoba, habrían tramitado de manera fraudulenta retiros por algo más de 724 millones de pesos de las cuentas de la Alcaldía de Bajo Baudó (Chocó), entre 2022 y 2024.

La extrabajadora bancaria es señalada de aprovechar el cargo para expedir formatos de autorización de retiro de dinero por caja, los cuales presuntamente utilizó Moreno Córdoba para retirar en cinco oportunidades entre 43 y 200 millones de pesos que hacían parte de lo recaudado en Bajo Baudó por concepto de sobretasa a la gasolina.

De esta manera, al parecer, evadieron los filtros de seguridad y de verificación de la entidad financiera, y los titulares de la cuenta no se dieron cuenta de los movimientos de dineros ni de las cuantías.

En atención a los elementos materiales probatorios obtenidos por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó les imputó los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, abuso de confianza calificado y falsedad en documento privado.

Los procesados no aceptaron cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.

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