Catorce años después de que estallara uno de los escándalos más mediáticos del proceso de paz en Colombia, la justicia determinó que no hubo delito. La juez encargada del caso absolvió al excomisionado de Paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Luis Carlos Restrepo, así como a los coroneles del Ejército Nacional Jaime Ariza y Hugo Hernán Castellanos Jiménez, por la supuesta falsa desmovilización del Bloque Cacique La Gaitana de las Farc.
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Los hechos que dieron origen a este proceso ocurrieron el 6 de marzo de 2006, cuando en un acto público en La Tebaida (Tolima), el Gobierno Nacional presentó la desmovilización de 62 presuntos guerrilleros, un grupo hasta entonces desconocido y sin mayor actividad documentada. Poco después, una investigación periodística reveló que varios de los participantes eran, en realidad, indigentes o desempleados, que habían sido entrenados con armas de palo para simular un acto de rendición.
A pesar del escándalo mediático, la juez señaló que la desmovilización no podía ser considerada delictiva, ya que en su momento fue avalada con una certificación oficial de la Fiscalía, lo que dio apariencia de legalidad al acto. Según el fallo, esto generó atipicidad del delito, pues los funcionarios actuaron bajo el supuesto de que los hechos eran reales y estaban amparados por el Estado.
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Con esta decisión, no solo se absuelve a los tres procesados, sino que se ordena el cierre de todas las investigaciones derivadas de ese episodio, que por años fue considerado un símbolo de manipulación en los procesos de paz.
La sentencia marca el fin de un largo proceso judicial que mantuvo en el exilio a Restrepo, quien había salido del país tras la apertura del caso. Para muchos, el fallo abre un nuevo debate sobre las garantías y la transparencia en las desmovilizaciones, así como sobre los límites de la responsabilidad de los funcionarios públicos que participan en ellas.
