La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco integrantes y nueve exintegrantes del Ejército Nacional que estarían implicados en una contratación irregular que se realizó en el dispensario de las fuerzas militares en Bucaramanga (Santander).
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Estas personas, en ejercicio de las diferentes funciones que desempeñaron en el establecimiento médico entre 2017 y 2022, habrían permitido la celebración de seis contratos con Daisy Carolina Sosa Hernández, por valor de 345.181.200 pesos, con el objeto de que prestara servicios como anestesióloga y atendiera las necesidades en las salas de cirugía.
Los elementos materiales probatorios indican que la citada profesional no era especialista en el área para la cual fue contratada y presuntamente presentó documentación falsa para acreditar la idoneidad exigida. Adicionalmente, se constató que no figuraba en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS); sin embargo, su contratación avanzó en contravía de los principios contractuales.
En ese sentido, un fiscal de Administración Pública de la Seccional del departamento de Santander imputó a los señalados involucrados, de acuerdo con su eventual responsabilidad, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uso de documento falso. Los cargos no fueron aceptados.
Los investigados fueron identificados como: los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Claudia Carolina Ramírez Murillo, el mayor Belisario Zea Quintero, los sargentos Julieth Pauline Aza Rojas y Carlos Javier García; los exintegrantes del Ejército Nacional Eddy Piedad González, Jenny Paola Figueroa, Wilson Lenny Pinto Morales, Francisco Javier Castaño, Óscar Humberto Silva, Carlos Iván Ceballos, Édgar Alfredo Martínez y Jaime Alberto López; y la contratista Daisy Carolina Sosa Hernández.
