En un giro que sacude a la política colombiana, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la detención preventiva de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La decisión, tomada el miércoles 7 de mayo, se produce en el marco de un escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que ambos congresistas son acusados de recibir un soborno de $4.000 millones para impulsar reformas del gobierno.
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La medida fue adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema con una votación de 4-2, considerando que las pruebas presentadas hasta el momento justifican la imposición de la detención preventiva. La decisión fue ejecutada por el personal del CTI, que se encargó de realizar las capturas en un procedimiento que ha sorprendido a la opinión pública.
El caso gira en torno a la presunta recepción de los $4.000 millones ($3.000 habría recibido Name y $1.000 Calle) por parte de Name y Calle, a cambio de su apoyo a reformas del gobierno. Se cree que los congresistas actuaron en complicidad con funcionarios de alto nivel de la UNGRD, como el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes también están siendo investigados por su presunta participación en el esquema de sobornos.
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El escándalo, que ha salpicado a figuras clave del poder legislativo y ejecutivo, ha generado una ola de indignación entre los ciudadanos, quienes exigen transparencia y justicia. Los detalles del caso apuntan a un supuesto acuerdo de corrupción en el que se habrían realizado pagos ilícitos a cambio de favores políticos, lo que representa una grave vulneración de la confianza pública.
La Corte ahora continuará con las investigaciones para determinar si los acusados serán llamados a juicio por este acto de corrupción. Mientras tanto, las autoridades aseguran que seguirán trabajando para esclarecer todos los detalles de este escándalo y llevar a los responsables ante la justicia.
Este caso es otro recordatorio de los altos niveles de corrupción que aún persisten en la política colombiana, y pone en evidencia cómo se tejen acuerdos oscuros entre el poder político y las instituciones del Estado. La captura de estos dos congresistas es solo el comienzo de lo que podría ser uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años.
