Tocancipá es un pequeño municipio de la sabana de Bogotá, a 40 kilómetros de la capital, que en sólo 20 años pasó de tener 24.000 a 48.000 habitantes y, desde 2015, ha registrado un crecimiento económico del 225 % y una industrialización acelerada. Estos hechos ejercen una presión cada vez mayor sobre los recursos hídricos del pueblo.
PUBLICIDAD
Según datos de la alcaldía, en ese municipio de sólo 73,5 kilómetros cuadrados de extensión, que en los años 80 y 90 del siglo pasado era conocido nada más por albergar el Autódromo de Tocancipá, hay registradas en Cámara de Comercio 770 empresas, de distintos tamaños. Entre ellas, tres gigantes del sector de los comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas y endulzadas: Bavaria, Quala (productora de marcas como Frutiño, BonIce, Quipitos, SunTea, Vive100 y Batilado) y la Embotelladora de La Sabana (que hace parte de Coca-Cola).
La creación de una zona franca en 2009, y la entrada en vigencia de un Estatuto de Rentas aprobado en 2016 por el Concejo, que incluyó incentivos fiscales, trajo consigo la proliferación de compañías en la ciudad. Esta especie de boom de empresas ha coincidido con un creciente problema de acceso y disponibilidad de agua potable para los habitantes, como pudo comprobar VORÁGINE en una visita al municipio.
La Zona Franca Permanente de Tocancipá se ha convertido en un motor de expansión para la industria, pero también en un factor de discordia entre los ciudadanos de ese municipio. Con 387.000 metros cuadrados, esta área especial fue declarada hace 16 años para incentivar la llegada de empresas de manufactura, comercio y servicios, bajo un régimen de incentivos fiscales y aduaneros. Allí está ubicada, por ejemplo, la llamada Cervecería de Tocancipá, que hace parte de Bavaria y que, según información de la misma compañía, es “la más productiva” de la empresa y “una de las más avanzadas en Latinoamérica”. De acuerdo con Bavaria, allí se producen cada año 11,2 millones de hectolitros de 13 marcas de cervezas y una marca de bebidas no alcohólicas: Pony Malta.
Te puede interesar: Pony Malta: más de 70 años haciendo pasar como saludable una bebida llena de azúcar
Siete años después de la creación de la zona franca, el Concejo municipal facilitó aún más la expansión de la industria y la construcción en la zona. En 2016, esa corporación estableció incentivos tributarios dirigidos a “fomentar el desarrollo económico y la generación de empleo” a través de un nuevo Estatuto de Rentas. Sin embargo, estos beneficios han sido criticados por algunos líderes sociales, que aseguran que favorecen a las grandes empresas en detrimento de la comunidad.
Desde VORÁGINE intentamos hablar con algunos de los concejales que en ese momento estuvieron en las discusiones para aprobarlo, como Laura Gómez, hoy activa en el cargo, pero no fue posible. Igual ocurrió con Naudy Max Anteliz y Ferney Jiménez. Este medio también le envió un derecho de petición a José David Rodríguez Guerrero, actual presidente del Concejo, pero no respondió de manera concreta ninguno de los cuestionamientos al respecto, con el argumento de que no formaba parte de la corporación en 2016.
PUBLICIDAD
El Acuerdo 23 de 2016 del Concejo otorgó a las nuevas industrias una exención del 90 % en el pago de impuestos durante el primer año de operaciones, la cual se reduce gradualmente en los años siguientes, hasta llegar a una exención total del 30 %. Además, el estatuto de rentas incluyó incentivos específicos para proyectos habitacionales, particularmente aquellos que construyeran un mínimo de 500 unidades de vivienda, como exenciones en el impuesto predial unificado, dependiendo del estrato del inmueble y la puntualidad en el pago del tributo.
Juan Carlos Ballén, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, aseguró a VORÁGINE que las nuevas fábricas y urbanizaciones construidas por el auge de la industria en el municipio cumplen con todas las normativas ambientales, aunque no precisó cuántas constructoras, por ejemplo, han recibido en el último año las certificaciones que indican que un predio sí cuenta con acceso a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Estas autorizaciones, que técnicamente se llaman “disponibilidad de servicios”, son esenciales para trámites como licencias de construcción o desarrollos urbanísticos. “En lo que ha transcurrido de la actual administración no hemos otorgado ninguna disponibilidad de servicios, cumplimos con una serie de planes parciales que están establecidos dentro del POT, los cuales fueron aprobados por la autoridad ambiental desde hace más de 10 años”, señaló el funcionario.
Pero la mirada de Nelson Delgadillo, excandidato a la alcaldía e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Fuente, es mucho más crítica: “Hemos vivido la llegada de un conjunto de apartamentos de 846 unidades, lo que ha duplicado la población en los últimos tres años. Esto ha incrementado la demanda de agua, afectando tanto la presión del suministro como la calidad del agua en nuestra vereda”. Según Delgadillo, “el agua llega amarilla o con apariencia lechosa en muchas ocasiones, lo que nos obliga a cuestionar si es apta para el consumo humano”.
Este conflicto se produce en un momento en el que varias ciudades del país, incluida Bogotá y otros municipios de la sabana, enfrentan racionamientos de agua que ya completan casi un año. “No es justo que prioricen a las industrias mientras las comunidades se quedan con agua escasa y de mala calidad”, enfatiza Delgadillo.
La expansión de la industria en Tocancipá ha venido acompañada, como es lógico, de un aumento en la cantidad de concesiones de extracción y uso de agua otorgadas por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Mientras entre 2002 y 2014, por ejemplo, la entidad entregó 46 concesiones de agua a personas naturales y empresas, entre 2015 y 2023 esta cifra aumentó a 81 concesiones, de las cuales 80 fueron exclusivamente para la extracción de aguas subterráneas (es decir, las que necesitan las empresas y no los habitantes para el consumo humano).
Otros reportajes sobre el tema: La Calera: agua para Coca-Cola y para Bogotá, pero no para su gente
El impacto de la industria de bebidas azucaradas
El agua que usa la industria en Tocancipá se extrae, principalmente, del sinclinal Suesca-Teusacá, que se extiende a lo largo de la sabana del río Bogotá abarcando varios kilómetros y municipios, entre ellos Tocancipá, Suesca y Sopó. Un sinclinal es una estructura geológica en forma de U, que permite el almacenamiento de agua subterránea. En Tocancipá esta agua se usa, sobre todo, para fines de agricultura e industria.
Mientras tanto, el suministro de agua que consumen los habitantes depende de un sistema de acueducto gestionado por la empresa de servicios públicos del municipio, que a su vez se abastece de diversas microcuencas que forman parte del río Bogotá, como las quebradas Quindigua y Puente Aldana, y que también le compra agua en bloque a la capital.
En 2015, con una inversión de 250 millones de dólares, Coca-Cola inauguró en Tocancipá una megaplanta de producción de aguas minerales y gaseosas, para lo cual la CAR le otorgó un permiso de extracción de hasta 52,50 litros de agua por segundo, según datos entregados por la entidad a VORÁGINE. En dicha planta, de acuerdo con la información de Coca-Cola, se producen más de 75 millones de cajas de bebidas al año.
Una vez aprobada la concesión de la CAR, que se otorga por no más de diez años, cada empresa construye la infraestructura de captación, que incluye sistemas de bombeo y tuberías especializadas para trasladar el agua subterránea hasta las instalaciones industriales. Para controlar y regular el uso del recurso, las compañías deben contar con medidores de caudal, que registran la cantidad de agua extraída y permiten verificar el cumplimiento de los permisos otorgados. Además, es obligatorio llevar registros y reportes detallados del consumo diario y presentarlos periódicamente ante la CAR.
La multinacional, en respuesta escrita a VORÁGINE, confirmó que para producir un litro de alguna de sus bebidas utiliza en su planta de Tocancipá 1,17 litros de agua. Esto incluye tanto el producto envasado como el líquido que se usa en todos los procesos a lo largo de la cadena de producción. Según la CAR, en 2023 Coca-Cola pagó $66,5 millones por extraer 622.080 metros cúbicos de agua subterránea en el municipio.
“El agua de un manantial que antes abastecía a la comunidad ahora se bombea a un tanque exclusivo para Coca-Cola”, señala el líder ambiental y vicepresidente del Cabildo Indígena de Tocancipá, Pedro Papagayo.
En el comunicado enviado a VORÁGINE, Coca-Cola dio a conocer que en la Embotelladora de La Sabana se utiliza agua concesionada de pozo y que “su captación es independiente en fuentes e infraestructura a los sistemas de abastecimiento de agua potable de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá - ESP, encargada de abastecer del recurso a los tocancipeños”. También afirmó que, como compensación ambiental, ha sembrado en la zona 16.000 árboles, una cifra que contrasta con los 11.408 árboles que la CAR asegura que la multinacional ha sembrado, según le dijo a VORÁGINE.
El problema es que no hay claridad sobre la tasa de supervivencia de estos árboles ni sobre su impacto real en la recuperación del ecosistema impactado por la operación de esa compañía. ¿Quién verifica que las compensaciones ambientales realmente mitiguen el impacto de la industria en el recurso hídrico?
El establecimiento de empresas de este tamaño en Tocancipá ha influido también en el crecimiento poblacional y la expansión urbana. “El sistema actual no está diseñado para manejar el aumento de la población, lo que causa problemas de presión y calidad del agua, especialmente en pisos altos de nuevas urbanizaciones”, describe Nelson Delgadillo.
“Antes de 2019, teníamos en la vereda La Fuente alrededor de 3.500 habitantes. Ahora somos más de 5.500. Las nuevas urbanizaciones y conjuntos residenciales, con casas pensadas para una o dos familias, ahora albergan hasta 25 personas debido al negocio de arrendamiento informal”, asegura. E insiste en que esto ha exacerbado la demanda de agua y ha agravado las fallas en el sistema de suministro.
En un recorrido que VORÁGINE hizo por el municipio, en el que conversó con varios líderes sociales y habitantes, todas las fuentes consultadas afirmaron que allí son normales los racionamientos, el agua contaminada y los sistemas de alcantarillado obsoletos. “Las tuberías tienen más de 40 años y no están diseñadas para manejar la carga actual de sedimentos y agua”, explica Jaime Avendaño, habitante de Tocancipá.
Juan Ignacio Balcero es un residente de la vereda Canavita, donde está la planta de Coca Cola. Él señala que, al menos una vez por semana, allí experimentan cortes de agua o una notable disminución en la presión del servicio. A pesar de estas irregularidades, las facturas no reflejan ninguna variación en el cobro, dice.
En ese mismo sentido se pronuncia Yeimmy Salcedo, madre soltera residente en el sector Las Antenas, donde no cuenta con el servicio de agua de manera permanente. Ella resume la situación con frustración: “Es muy triste que valga más la plata que la gente. Mientras las industrias tienen garantizado el agua, nosotras luchamos por un derecho básico que nos niegan”.
En el último año, el casco urbano y las veredas de Tocancipá han enfrentado varios cortes programados de agua como parte de las medidas de racionamiento implementadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), dado que esta última le vende agua tratada, en bloque, a ese municipio. Es decir, si hay racionamiento en la capital del país, en algunas zonas del municipio cundinamarqués habrá un suministro controlado del líquido.
Sin embargo, para el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, su municipio es uno de los “pocos” que, al captar agua directamente sobre de las microcuencas del río Bogotá, como Zipaquirá, pueden garantizar el servicio para los hogares de manera continua. “Es importante resaltar que no hemos generado ni estamos generando racionamientos para el sector residencial o domiciliario de Tocancipá. ¿Quiénes se ven afectados en este momento? Principalmente, el sector industrial. Cuando se programan racionamientos, la red matriz de abastecimiento para los industriales se ve impactada. El resto del municipio recibe agua mediante el proceso de tratamiento de agua potable realizado directamente por el municipio”, asegura el funcionario. Sus afirmaciones contrastan con los testimonios recogidos por VORÁGINE en terreno sobre cortes recurrentes y fluctuaciones en la presión del servicio.
El debate sobre el acaparamiento de agua
Tocancipá no es el único lugar de Colombia donde de manera simultánea se extraen cantidades industriales de agua, mientras las comunidades que habitan al lado de las empresas que tienen los permisos para sacarla enfrentan dificultades con su suministro. En 2021, este medio investigó los casos de Sesquilé (Cundinamarca) y Caloto (Cauca), “donde hay embotelladoras de Postobón que sacan cientos de millones de litros de agua al año, aunque en esos municipios el líquido para la gente es escaso y sucio”. Y en 2024 publicó una investigación que hizo una completa radiografía de la crisis por el agua en el municipio de La Calera, donde también opera una embotelladora de Coca-Cola, para explicar por qué es un caso representativo de los debates alrededor del acaparamiento de agua en Colombia.
La abogada Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), explica que el Decreto 1076 de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece que las concesiones de agua que otorga el Estado deben priorizar el consumo humano, colectivo y comunitario, así como los usos domésticos y agropecuarios comunitarios. Sin embargo, en la práctica pareciera que ocurre justamente lo contrario.
“En tiempos de racionamiento, mientras a los hogares en Bogotá se les restringe el agua sin considerar si hay niños, niñas o personas enfermas, las grandes industrias siguen embotellando agua en plástico sin limitación”, relata Hoyos. Para la abogada, esta situación es “inaceptable” porque “estas empresas no tienen que hacer racionamiento ni disminuir la cantidad de botellas que producen. Al contrario, se aprovechan de la escasez para vendernos el agua embotellada, generando aún más contaminación con los plásticos”.
Según ella, las concesiones y permisos de agua para uso industrial también deben incluir estudios rigurosos sobre su impacto ambiental. “Las CAR no están considerando la situación de emergencia ambiental en la que nos encontramos. Es necesario que se realicen estos estudios antes de otorgar cualquier tipo de concesión, porque el agua no puede seguir tratándose como un bien de mercado cuando está en juego la vida”, concluye.
El acaparamiento de agua ocurre, por ejemplo, cuando la CAR otorga concesiones a empresas como Coca-Cola para extraer grandes cantidades del recurso, mientras los habitantes de municipios como Tocancipá o La Calera, donde tiene plantas embotelladoras, enfrentan problemas de acceso y suministro. Esto se hace sin medir adecuadamente el impacto en las fuentes hídricas, por lo que el agua se termina concentrando en pocas manos.
Además, como explica el líder Delgadillo, para el caso de Tocancipá “las empresas de flores extraen agua de pozos profundos, pero durante sequías recurren al acueducto, generando un déficit para los residentes”.
Tocancipá cuenta con cuatro sistemas de abastecimiento de agua potable para 24.507 suscriptores, es decir, hogares e industrias que tienen contratos suscritos con la entidad. Según la Empresa de Servicios Públicos, el 86 % de esos 24.507 suscriptores dependen de la planta de tratamiento Los Patos, que suministra agua a las veredas Verganzo, Canavita (donde está la planta de Coca-Cola) y Tibitoc y al casco urbano. En contraste, la planta de tratamiento La Fuente abastece solo al 6 %, unas 1.545 familias de la vereda La Fuente, mientras que la planta La Esmeralda cubre al 7 %.
Además, un porcentaje muy pequeño —solo el 1 % de los suscriptores— recibe agua de la planta Tibitoc, a través de un mecanismo conocido como venta de agua en bloque. Este esquema implica que Tocancipá le compra agua tratada al Acueducto de Bogotá, que luego es distribuida al municipio.
A pesar de las limitaciones en la prestación del servicio para la gente, las concesiones para extraer agua siguen operando al ciento por ciento. “Desde 2015 estas concesiones se han duplicado, favoreciendo principalmente a las industrias. En ese mismo período, los habitantes hemos tenido que enfrentar mayores restricciones y peores condiciones”, concluye el líder comunitario Nelson Delgadillo.
“Es evidente que la prioridad no ha sido el bienestar de las comunidades locales, sino garantizar el suministro para las industrias. Las comunidades se ven forzadas a enfrentarse a cortes de agua y problemas de calidad, mientras que las empresas siempre tienen acceso garantizado”, comenta.
El alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, confirmó en entrevista con VORÁGINE que la administración municipal no tiene ninguna injerencia en la regulación del agua subterránea ni en las concesiones del recurso a las empresas. Según él, la alcaldía solo puede hacer monitoreos sobre descargas industriales y vertimientos al río Bogotá, pero no controla ni fiscaliza la cantidad de agua extraída por la industria.
Forero defendió los incentivos tributarios que han permitido la llegada de nuevas empresas, y aseguró que estos no han significado una entrega indiscriminada del territorio. Sin embargo, reconoció que el auge industrial de los últimos años pudo haberse dado sin una planeación adecuada para garantizar un acceso equitativo al agua.
El mandatario también insistió en que el municipio ha mantenido un “equilibrio” entre el crecimiento industrial y las necesidades de la comunidad. Sin embargo, su administración no ha presentado cifras claras sobre el impacto real de la industria en la disponibilidad de agua. En el diálogo con VORÁGINE, evitó responder sobre si se han hecho estudios sobre la disminución de acuíferos o el impacto de la sobreexplotación de aguas subterráneas a través de pozos profundos.
Forero, quien en 2023 fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años por la Procuraduría, por un incremento patrimonial de 951 millones de pesos que no pudo justificar, desestimó también en la conversación la sanción, argumentando que la Fiscalía archivó la investigación, aunque de forma provisional. “Cuando la Procuraduría me sancionó en primera instancia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía realizó una investigación completa sobre mi caso y el de mi núcleo familiar, y concluyó que no había ningún desequilibrio en el tema”, afirmó el alcalde.
¿Y las concesiones de agua superficial para los habitantes?
Los datos también revelan una tendencia preocupante en Tocancipá: las concesiones de agua superficial, tradicionalmente más accesibles para los habitantes, han sido casi inexistentes en los últimos años. En contraste, las empresas han fortalecido su infraestructura para extraer agua subterránea de pozos profundos, lo que reduce drásticamente la disponibilidad de este recurso para las futuras generaciones.
Ante este panorama, los habitantes del sector Antenas, una de las zonas afectadas, exigen “soluciones estructurales y justicia ambiental”. Angie Carolina Caicedo, víctima del conflicto armado, es una de ellas. “No tenemos servicio de agua, pero hemos sido amenazados con la demolición de nuestras casas si exigimos nuestro derecho. Es inhumano. Es necesario que se detenga la entrega indiscriminada de concesiones y que se priorice el derecho al agua de las comunidades”, dice.
Yeimmy Salcedo, madre soltera y residente en la zona, describe cómo la falta de agua afecta su vida diaria. “Es una tristeza ver a mis hijos sin poder bañarse antes de ir al colegio. Mientras las industrias tienen garantizado el agua, nosotras seguimos luchando por algo tan básico como el acceso a este recurso vital”.
El rápido desarrollo de Tocancipá también ha resultado en la desaparición progresiva de sus humedales y fuentes de agua naturales. “En 2015 había 86 humedales registrados en el municipio; hoy apenas quedan 20, y muchos de ellos están gravemente amenazados”, denuncia Pedro Papagayo, destacado líder ambiental de la región. Estos ecosistemas, esenciales para la recarga de acuíferos y el mantenimiento del equilibrio ecológico, han sido reemplazados por urbanizaciones y proyectos industriales.
Un caso emblemático es el humedal de El Cortijo, donde ahora se levantan torres de apartamentos. Papagayo explica: “Los humedales son acuíferos esenciales y, sin embargo, están siendo desaparecidos para construir apartamentos y urbanizaciones”.
Y mientras señala lo que queda del espejo de agua de El Cortijo, sobre la autopista que conecta a Tocancipá con Tunja, agrega: “El agua que antes brotaba naturalmente en esta zona ahora se canaliza hacia las industrias o se pierde por completo. Lo que alguna vez fue un ecosistema vibrante ahora es solo concreto y maquinaria”.
A pesar de los numerosos retos que enfrentan para acceder al servicio de agua potable, los habitantes de Tocancipá no han perdido la esperanza de que la situación mejore. Líderes como Nelson Delgadillo han planteado la importancia de construir un “plan maestro” que modernice las redes de alcantarillado y acueducto, y garantice la sostenibilidad de los recursos hídricos locales.
Frente a esto, Juan Carlos Ballén, gerente de la Empresa de Servicios Públicos, responde que ya existe un plan maestro de alcantarillado y que rige hasta el 2028, pero reconoce que, aunque se han hecho algunas actualizaciones en la red, la infraestructura sigue dependiendo de diseños que vienen del 2008, lo que no responde a las necesidades actuales ni a la presión que ejercen las nuevas urbanizaciones y la llegada masiva de industrias. Por eso, dice Ballén, actualmente está en marcha un proceso de optimización de la planta de tratamiento de agua potable Los Patos, con un plazo de finalización programado para julio de 2025.
En un trabajo de grado titulado “Balance de la Gestión del Recurso Hídrico en el Municipio de Tocancipá”, presentado como requisito parcial para optar al título de Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Nacional, la ingeniera ambiental Claudia Paola Barrera Soler realizó una investigación exhaustiva sobre la administración y sostenibilidad del agua en el municipio. Tras analizar las políticas de manejo del recurso hídrico, las concesiones otorgadas a industrias y la disponibilidad del agua para la comunidad, ella describe el caso de Tocancipá como un ejemplo claro de los efectos de una planificación territorial centrada en el beneficio de las industrias y no en las comunidades.
En entrevista con VORÁGINE, Soler explicó que el problema radica en un marco regulatorio insuficiente que permite la explotación desmedida de los recursos hídricos: “El sistema actual prioriza el crecimiento económico sobre la sostenibilidad. Las concesiones se otorgan sin considerar los límites ambientales necesarios para garantizar el recurso a futuro”.
La experta también advierte que la falta de control efectivo sobre las empresas amplifica el problema: “A pesar de los desabastecimientos, las industrias siguen captando agua como si nada, porque no existen herramientas legales para detener estas concesiones durante crisis ambientales”. Además, recalca que el impacto de la industrialización en Tocancipá no solo afecta la disponibilidad del agua, sino también la calidad del recurso. “Muchas fuentes hídricas están siendo contaminadas por vertimientos, y aunque la ley exige permisos para ello, el seguimiento a estas actividades es insuficiente. Esto pone en riesgo tanto a las comunidades como a los ecosistemas que dependen del agua”.
La ingeniera Soler concluye con un llamado urgente a replantear la gestión del agua en el municipio: “Sin determinantes ambientales estrictas, la presión sobre los acuíferos subterráneos seguirá creciendo, afectando a las generaciones futuras y dejando a las comunidades locales en desventaja frente a las industrias”.
La historia de Tocancipá, con sus humedales desaparecidos, sus comunidades en lucha por tener acceso a agua potable y una industria en auge, es un recordatorio de que el líquido no es un recurso infinito. Los habitantes del municipio no solo exigen acceso equitativo y de calidad al agua, sino también políticas integrales que prioricen la sostenibilidad y equilibren las necesidades económicas con la justicia ambiental.
* Esta investigación fue financiada, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.
