La Procuraduría General de la Nación falló de primera instancia y sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años al exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Juan Pablo Ramírez Álvarez (2021 – 2022), luego de probar la utilización de su cargo para ejercer presión sobre sus subalternos y tratar de respaldar la continuidad y futuro del movimiento Independientes.
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Por otro lado, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 también sancionó con 12 años de suspensión e inhabilidad a los entonces subsecretarios de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa (2021 – 2021), y de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar (2021).
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Tres exfuncionarios de Daniel Quintero Calle inhabilitados por la Procuraduría
De acuerdo con el ente de control el entonces secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos organizó una reunión el 8 de agosto de 2021, que fue utilizada para promocionar y respaldar el movimiento político Independientes mediante la presentación de la Corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, lema utilizado por el movimiento político de Daniel Quintero Calle.
En ese encuentro le pidieron a los servidores públicos presentes un aporte en dinero, que osciló entre los 300.000 pesos y un millón de pesos, que justificaron de ser una especie de membresía para pertenecer dicha corporación. Se estableció que varios funcionarios de la Alcaldía hicieron consignaciones a la Corporación.
Además, para esa fecha se encontraba vigente el calendario electoral para las elecciones presidenciales para el periodo constitucional 2022-2026, por lo que se configura una intervención en política.
Según el Ministerio Público, Ramírez Álvarez se valió de su mando que tenía en la Alcaldía para ejercer una fuerza “orientada a conseguir de los servidores asistentes no solo la atención, sino a determinar su comportamiento hacia un sentido: realizar aportes económicos a la Corporación o Fundación El futuro se parece a nosotros”, para garantizar la continuidad del movimiento en el que estaba activo el exalcalde.
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Con ese comportamiento el servidor público vulneró sus deberes funcionales, ya que el propósito de su cargo y sus funciones no contemplaban impulsar organizaciones de carácter particular, ni su presentación y promoción, como tampoco fomentar el aporte de dinero por parte de servidores públicos, menos de sus subalternos, para el financiamiento de sus actividades.
En el caso de Pulgarín Correa se estableció que el 9 de agosto de 2021 requirió a la servidora María del Pilar Rodríguez información sobre el pago del aporte económico, por 800.000 pesos que le correspondía entregar para apoyar el financiamiento de actividades de dicha corporación.
La Procuraduría advirtió que la entonces funcionaria habría tenido que presentar su renuncia como directora técnica de la subsecretaria de Grupos Poblacionales “al sentir que la negativa a dar el aporte le generó una condición difícil para continuar en su cargo”.
Por su parte, sobre Agudelo Bolívar se determinó que ejerció las potestades y facilitó la casa o inmueble ubicado en el barrio El Poblado para que se realizara la reunión del 8 de agosto, convocada por el secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, a la que asistieron funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Participación Ciudadana a quienes se les recogió su aparato celular y se dispuso una caja transparente para depositarlos.
Para el ente de control el hecho de haber recogido los celulares, o haber dispuesto una caja transparente para depositarlos, o el solo hecho de sugerir a los asistentes que los dejaran en determinado lugar, “no fue una medida justificable, en razón al cargo público que ejercía, toda vez que dicha acción desbordó sus funciones (…)”.
La Procuraduría calificó la actuación de Ramírez Álvarez, de Pulgarín Correa y Agudelo Bolívar como falta disciplinaria gravísima, en todos los casos a título de dolo, e informó ante la decisión procede el recurso de apelación, ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
