Cali

Extinción de dominio a propiedades de funcionarios que participaron en el desfalco a los bomberos de Buenaventura

Las propiedades afectadas están representadas en inmuebles urbanos y vehículos, avaluados en algo más de 2.900 millones de pesos.

Extinción de dominio a bienes de funcionarios que participaron en el desfalco de la unidad de bomberos en Buenaventura.
Extinción de dominio a bienes de funcionarios que participaron en el desfalco de la unidad de bomberos en Buenaventura. (Fiscalía General de la Nación.)

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes, que harían parte del patrimonio de funcionarios y particulares señalados de participar en un entramado de corrupción que se apropió de recursos públicos destinados para dotar a los bomberos de Buenaventura (Valle del Cauca).

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Las propiedades, avaluadas en más de 2.900 millones de pesos, fueron ocupadas endiligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional en Cali, BuenaventurayBuga (Valle del Cauca), y Armenia (Quindío).

Los activos afectados con fines de extinción del derecho de dominio están representadosen inmuebles urbanos, como parqueaderos, depósitos y apartamentos; una motocicleta, automóviles y vehículos de carga.

En el curso de la investigación se estableció que algunos de los bienes habríansidoadquiridos con los dineros que debían dirigirse para fortalecer la capacidad del cuerpodeatención de incendios y emergencias, entre 2013 y 2025. Los propietarios, entre ellos el exalcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, otros servidores públicos yparticulares, han sido judicializados por los delitos de peculado por apropiaciónyprevaricato por acción.

Judicializan a agente de tránsito que habría exigido dinero para ayudar a supuesta vinculación laboral en la Secretaría de Movilidad de Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Santiago José Meneses Rivera, agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Movilidad de Medellín, por realizar presuntas exigencias económicas a personas a cambio de ayudarlas a vincularse laboralmente en la entidad.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, le imputó el delito de concusión. El procesado no se allanó a los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en lugar de domicilio.

De acuerdo con la investigación entre agosto 2022 y septiembre de 2023, el procesado habría exigido sumas de dinero que oscilaban entre los 8 y los 10 millones de pesos, a cambio de ayudar a varias personas a ingresar a trabajar como agentes de tránsito. Los hechos se habrían presentado en, al menos, ocho oportunidades.

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