Una grave brecha de seguridad afecta al Ejército Nacional luego de que información militar secreta cayera en manos de las disidencias de las Farc, comandadas por Iván Mordisco, en el departamento del Cauca. Entre los documentos comprometidos figuran órdenes de operaciones, cédulas de militares, mapas de ubicación de tropas, radiogramas, reportes de munición y otros datos altamente sensibles, pertenecientes al batallón de infantería n.º 7 General José Hilario López.
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Esta unidad tenía la misión de combatir a la estructura Jaime Martínez, uno de los brazos armados de las disidencias. En el terreno, operaban bajo la estrategia del grupo Báltico 1, comandado por el sargento segundo Edwin Berrío, quien también ha sido protagonista de una polémica tras la filtración de chats con presuntos paramilitares en la región de Ortega, Cauca, según revelaciones hechas por la Revista Semana.
Grave brecha de seguridad: disidencias accedieron a datos reservados del Ejército
Fuentes del Ejército reconocieron su preocupación por el volumen y tipo de información que ahora está en poder del enemigo. Las disidencias no solo lograron hackear los celulares personales de los soldados, sino que también habrían robado documentos físicos durante enfrentamientos a finales de 2024.
Este escándalo evidencia un problema de fondo: los equipos de radiocomunicación del Ejército estarían obsoletos, lo que ha llevado a los soldados a recurrir a canales no oficiales, como grupos de WhatsApp, para coordinar turnos, compartir información de la zona y alertar sobre movimientos enemigos. Una práctica riesgosa que finalmente permitió la filtración de datos estratégicos.
Entre los archivos comprometidos se encuentran actas de consumo de munición, como la del 13 de noviembre de 2024, cuando el grupo Báltico 1 sostuvo combates en la zona de Cajibío. En ese documento, elaborado a mano, se detalla la cantidad de munición usada por ocho soldados, incluyendo sus números de cédula y huellas digitales.
Las disidencias también lograron desencriptar la información contenida en los celulares y acceder a informes de inteligencia, licencias de conducción, tarjetas militares, y los números personales de contacto de los uniformados. Además, se apoderaron de mapas con rutas estratégicas, así como de una revista militar de septiembre de 2023 que describe la base militar de Inzá.
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Uno de los documentos más preocupantes es la orden de operaciones n.º 40, denominada David, emitida en diciembre de 2024, cuyo objetivo era afectar directamente a la estructura Jaime Martínez. La orden describe con detalle la estrategia del grupo Báltico 1 durante 15 días, la situación del equipo antiexplosivos y las condiciones del terreno. Estos archivos ahora están en poder de las disidencias.
Junto con esta documentación también fue comprometido el Plan de Contrainteligencia del puesto de mando de la base militar de Inzá, documento clasificado que describe los mecanismos de defensa y seguridad de las instalaciones.
Este escándalo se agrava por los antecedentes de la unidad comprometida, que ya está bajo la lupa de la Procuraduría y de la Justicia Penal Militar. SEMANA reveló que tropas bajo el mando del general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, estarían patrullando junto con civiles armados, en aparentes alianzas con grupos paramilitares en Ortega, Cauca.
Chats filtrados muestran conversaciones entre estos civiles y altos mandos militares. En uno de los audios, un hombre identificado como Joselito se dirige al general Mejía:
“Buenos días, mi general Mejía. ¿Cómo está? Acá, pues, llamándolo desde Ortega (Cauca). Usted sabe que yo soy Joselito. Lo que pasa es que estos bandidos al parecer están atacando otra vez con toda la artillería, entonces necesito ponerlo al tanto”.
En otro mensaje, Joselito habla con el sargento Berrío:
“Mi sargento, ha llegado harta guerrilla (...) y están que nos tiran desde el otro lado. Nosotros estamos aquí y cuántas motos necesita porque tenemos asegurado el perímetro. Diga cuántas y ya las conseguimos”.
Pese a la gravedad de los hechos, el general Mejía aseguró a la revista Semana que no hay quejas formales interpuestas por la pérdida de información.
Este episodio pone de manifiesto la vulnerabilidad tecnológica del Ejército colombiano frente a grupos armados organizados que no solo operan en el terreno con capacidad militar, sino también con habilidades informáticas avanzadas para extraer y desencriptar datos de inteligencia.
Además, genera serios cuestionamientos sobre los protocolos de ciberseguridad y el estado de la infraestructura militar en comunicaciones, lo cual pone en riesgo tanto a los uniformados como al plan estratégico del Estado en zonas de conflicto como el Cauca.
Con la identidad y ubicación de los soldados expuestas, y los planes operativos comprometidos, se abre un debate urgente sobre la necesidad de modernizar los sistemas de comunicación del Ejército, reforzar los controles internos, y revisar los mecanismos de formación y supervisión de los oficiales en zonas de alta presencia insurgente.
