La Superintendencia Nacional de Salud ha anunciado que extenderá por un año más la intervención forzosa administrativa a EPS Sanitas, medida que se tomó el 2 de abril de 2024, tras la resolución 2024160000003002-6. Esta decisión se basa en la persistencia de incumplimientos normativos relacionados con las condiciones financieras de la EPS y su capacidad para ofrecer servicios de salud adecuados a sus afiliados.
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Los causales de la intervención, que fueron inicialmente establecidos en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993, siguen vigentes, ya que Sanitas no ha logrado cumplir con los estándares exigidos. La prórroga de la intervención busca corregir estas deficiencias, asegurando la adecuada prestación de los servicios de salud para los usuarios de la EPS.
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¿Por qué se intervino a EPS Sanitas?
La intervención de EPS Sanitas tuvo lugar el 2 de abril de 2024, cuando la Superintendencia de Salud intervino directamente la sede administrativa de la EPS en la Calle 109, Bogotá. En ese momento, se ordenó la salida de todos los empleados de Sanitas, y la Superintendencia se hizo cargo de los equipos de trabajo, incluidos los computadores y otros recursos. Fuentes cercanas al proceso revelaron que esta acción se produjo tras incumplimientos graves de la EPS, específicamente con respecto a las reservas técnicas y al patrimonio de la entidad.
Reacciones políticas ante la intervención
La intervención de EPS Sanitas forma parte de un proceso más amplio de intervenciones forzosas a varias EPS del país, lo que ha generado un intenso debate político. Algunos sectores políticos y gremiales critican estas medidas, acusando al gobierno de usar las intervenciones como herramientas políticas en el contexto de la fallida reforma a la salud.
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Los congresistas del Centro Democrático, Andrés Forero y Miguel Uribe, han sido especialmente críticos de las intervenciones del gobierno, asegurando que la decisión de intervenir EPS Sanitas es una retaliación política por el fracaso de la reforma a la salud y que no responde a una necesidad real del sistema. Para ellos, la intervención podría ser un fracaso similar al de otras EPS previamente intervenidas, como EPS Famisanar, que también pasó a ser gestionada por un interventor en septiembre de 2023 debido a incumplimientos financieros.
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Según estos congresistas, las EPS intervenidas han mostrado un empeoramiento en sus indicadores de servicio y atención a los pacientes tras la intervención, lo que ha generado un deterioro en la calidad de atención a los afiliados y pacientes. Forero y Uribe han señalado que el gobierno nacional debería centrarse en fortalecer y apoyar a las EPS en lugar de imponer intervenciones que, en su opinión, no resuelven los problemas estructurales del sistema de salud.
Tras la intervención, la administración de EPS Sanitas pasó a manos de un interventor independiente, quien tiene la categoría de auxiliar de la justicia. Este interventor es responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la EPS y de asegurar que los servicios de salud sean prestados de manera adecuada.
Un precedente de intervenciones a EPS
La intervención a EPS Sanitas se suma a otra medida similar tomada en septiembre de 2023, cuando la Superintendencia de Salud también intervino EPS Famisanar por un año, debido a problemas de finanzas y servicios. Este precedente resalta la creciente intervención del gobierno en las EPS del país como respuesta a las dificultades del sistema de salud.
