En una decisión histórica, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) accedió a la acción popular presentada por tres personeros del Caribe y decidió reformular el componente de comercialización de la tarifa de energía, lo que representará una reducción significativa en los costos para los usuarios del servicio en la región.
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La medida implica la derogación del régimen tarifario especial que se venía aplicando desde el año 2019 exclusivamente en la región Caribe. Con esta decisión, quedan eliminados tres cobros que impactaban de manera directa el valor del kilovatio hora: el 20% adicional por gastos de operación y mantenimiento, el cobro por pérdidas no técnicas —relacionadas con el robo de energía— y los 300 puntos básicos correspondientes a la cartera morosa.
La Creg derogó el régimen tarifario especial para la región Caribe, tras una acción popular de tres personeros
Según explicó el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, los usuarios de la empresa Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira verán una reducción de 54 pesos por kilovatio hora. Por su parte, los usuarios de Afinia, en Cesar, Bolívar, Córdoba, Sucre y una parte de Magdalena, tendrán una disminución de 23 pesos por kilovatio hora.
La decisión fue celebrada por líderes sociales y representantes ciudadanos, quienes por años habían denunciado el impacto económico que este régimen especial tenía sobre los hogares costeños. No obstante, algunos sectores expresaron preocupación por las implicaciones estructurales de la medida.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, manifestó su escepticismo y llamó a un análisis detallado de la decisión. “Hay que estudiar exactamente para ver cuál fue la decisión, porque no puede caerse el régimen tarifario y dejar expuesto al sector eléctrico”, afirmó.
Verano advirtió que el sector energético también requiere de “reglas de juego claras para mantener el ritmo de crecimiento y las inversiones que necesita”. Por ello, insistió en que el fallo debe ser revisado con detenimiento para comprender a fondo sus efectos jurídicos y económicos.
Esta reforma, impulsada desde las veedurías ciudadanas, marca un precedente en la defensa de los derechos de los usuarios del Caribe colombiano y abre la puerta a nuevas discusiones sobre equidad tarifaria en el país.
