La justicia colombiana dio un paso contundente en uno de los mayores escándalos de corrupción reciente. La juez 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y siete personas más implicadas en la presunta defraudación de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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Además de enviar a prisión a Manrique Soacha, se ordenó su captura inmediata.
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Red de contratos direccionados y sobornos
La investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló que Manrique habría jugado un rol clave en el desvío de recursos, gestionando la transferencia de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Según la entidad, el exfuncionario condicionó dicha gestión a la entrega de contratos a personas específicas.
El caso también involucra contratos por:
- Compra de 40 carrotanques pequeños
- Instalación de plantas desalinizadoras
- Perforación de pozos de agua potable
- Interventorías técnicas
- Servicios de topografía a nivel nacional
Sobrecostos y distribución de dinero
Uno de los contratos más cuestionados fue el relacionado con el suministro de carrotanques destinados a comunidades indígenas de La Guajira. Firmado en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú, este acuerdo ascendió a 29.000 millones de pesos. La Fiscalía detectó sobrecostos por más de 13.000 millones.
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“Aquí fueron detectados sobrecostos por 13.164 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 6.380 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú”, señaló el ente acusador.
Delitos e implicados
Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos, y varias formas de falsedad documental. Entre los involucrados se encuentran familiares de contratistas, funcionarios públicos y empresarios vinculados a la corporación contratante.
Lista de los procesados:
- Édgar Eduardo Riveros Rey (abogado)
- Ana María Riveros Barbosa (hija del abogado)
- Sonia Rocío Romero Hernández (cuñada y contratista de la UNGRD)
- Édgar Echeverri Toro (representante legal de Yapurutú)
- Francisco Javier Estupiñán Bravo (jefe de ventas de Yapurutú)
- Jorge Aristizábal Rodríguez (asesor en Función Pública)
- Óscar Enrique Cárdenas Angulo (contratista de la UNGRD)
Este caso representa un nuevo revés para las instituciones responsables de atender emergencias en el país, al tiempo que subraya la necesidad urgente de mayor vigilancia y transparencia en la contratación pública.