El próximo lunes 28 de julio, Colombia conocerá uno de los fallos judiciales más esperados y controversiales en su historia reciente. La juez encargada del llamado “juicio del siglo” deberá decidir si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es culpable o no del delito de soborno a testigos y fraude procesal. Más allá del impacto legal, la decisión tendrá profundas repercusiones políticas, sociales y simbólicas para el país.
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Este proceso judicial, que se ha extendido por más de 14 años, ha estado marcado por giros inesperados, múltiples interpretaciones jurídicas, y una ausencia notoria: la “prueba reina”. De ser condenado, Uribe se convertiría en el primer exmandatario colombiano sentenciado penalmente, un hecho sin precedentes para quien ha sido catalogado como el presidente más popular de los últimos 50 años.
Entre la guerra jurídica y la lucha política
El origen del caso se remonta a las visitas carcelarias realizadas por el senador Iván Cepeda en 2011, en las que surgieron los testimonios de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. Ambos señalaron a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago como supuestos fundadores del Bloque Metro de las AUC. Sin embargo, esa acusación ha sido debilitada con el paso del tiempo, entre otras razones por inconsistencias cronológicas y la posterior absolución de Santiago Uribe.
En el transcurso del proceso, ha surgido el concepto de lawfare —o guerra jurídica— como posible explicación a lo que los defensores del expresidente consideran una ofensiva judicial con motivaciones políticas. El propio Uribe ha sostenido que fue víctima de una operación diseñada para desprestigiarlo: “Tengo la convicción de la inocencia absoluta y de que a Álvaro Uribe no se le puede castigar criminalmente por ejercer el derecho constitucional de defenderse”, expresó su abogado Jaime Lombana.
Interceptaciones, contradicciones y vacíos probatorios
Uno de los episodios más polémicos del caso fue la interceptación ilegal del teléfono de Uribe, autorizada “por error” por el magistrado José Luis Barceló. Aunque los técnicos notificaron a la Corte que estaban escuchando al expresidente y no al objetivo real, la vigilancia se mantuvo por casi un mes. Durante ese periodo, no se encontraron indicios de que Uribe diera instrucciones para cometer delitos.
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La frase más debatida del caso —“Proceda, doctor Diego”— ha sido usada por los acusadores como presunta evidencia de autorización para manipular testigos. Sin embargo, el contexto completo de la conversación muestra que se refería a una acción de revisión jurídica. “Y la ayuda para que le protejan la familia pedírsela a las autoridades competentes y además públicamente”, agregó Uribe en esa misma charla, según el audio revelado por Semana.
Testimonios bajo la lupa
En el juicio declararon más de cien personas, incluyendo testigos de ambas partes. Las versiones ofrecidas por la defensa sugieren que Juan Guillermo Monsalve habría recibido beneficios y protección a cambio de mantener su acusación contra Uribe. Mientras tanto, familiares del testigo aseguran que este fue inducido a declarar con promesas de asilo y ayudas internacionales. A pesar de todo ello, Monsalve nunca cambió su testimonio, lo que plantea una interrogante clave: ¿puede hablarse de soborno si el testigo no modificó su declaración?
Por su parte, Pablo Hernán Sierra mostró vacilaciones sobre cómo conoció a Cepeda y reconoció que, tras las extradiciones masivas de exparamilitares, se volvió “moda hablar con el senador Cepeda, que era el enemigo número uno del expresidente”.
Un fallo con repercusiones más allá de lo judicial
Más allá del desenlace, este juicio ha revelado la fragilidad institucional en torno a la administración de justicia y ha puesto en entredicho la independencia de algunos procesos. La ciudadanía se encuentra dividida: para unos, la causa contra Uribe representa el triunfo de la legalidad sobre el poder; para otros, se trata de una persecución judicial orquestada desde sectores ideológicamente opuestos.
El lunes 28 de julio no solo se sabrá el destino judicial de Álvaro Uribe Vélez, sino también el nivel de confianza que la sociedad colombiana puede seguir depositando en sus instituciones. La historia juzgará si fue un proceso justo o un montaje que pasará a los libros como un símbolo de la instrumentalización política de la justicia.